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RTVE ENTRA EN CONFLICTO DE COMPETENCIAS CON LA UNIVERSIDAD

La Convocatoria de promoción del personal que se acaba de cerrar recientemente ha provocado malestar entre un numeroso grupo de compañeros que estudian impugnarla debido a un conflicto de competencias en el reconocimiento de titulaciones universitarias.

Resulta que el actual Convenio Colectivo posibilita al personal no titulado del grupo II, con una antigüedad superior a 6 años en el puesto, a acceder a ocupación tipo del grupo profesional I, donde es requisito imprescindible estar en posesión de título de Grado o superior.

El acceso de esos compañeros sin la requerida titulación académica crea agravios comparativos y supone un supuesto flagrante conflicto de competencias entre la CRTVE y las universidades españolas. En ningún punto de sus estatutos consta el privilegio de la Corporación a conceder capacitación académica, o a convalidarla a cambio de 6 años de antigüedad en el desempeño de funciones en el grupo inferior al que se opta. ¿Acaso estos compañeros sin titulación pueden colegiarse? ¿Pueden firmar proyectos?

El asunto no es baladí porque jurídicamente hace creer que el III Convenio Colectivo de CRTVE es una norma de rango superior a las leyes que legitiman a las Universidades a otorgar títulos académicos que capacitan para realizar determinadas tareas profesionales. Un conflicto en el que pueden llegar a tomar parte los colegios profesionales de Ingenieros.

Sería aconsejable aclarar estas importantes dudas antes de continuar adelante con la convocatoria de promoción interna ya que podrían dar lugar a la judicialización de todo el proceso y su invalidación final a través de las correspondientes impugnaciones, cosa nada deseable.

Sería un ejercicio de transparencia, muy oportuno y aconsejable, que los Servicios Jurídicos de la Corporación estudiasen el tema y se pronunciasen para despejar cualquier duda o sospecha sobre un proceso que por sensibilidad social debería ser absolutamente diáfano y democrático. Cualquier sombra de sospecha en la convocatoria no solo sería un imperdonable agravio para los compañeros afectados que han seguido los procedimientos legales debidamente regulados y establecidos, sino que resultaría vergonzoso  y dañino para la imagen de una RTVE que debe estar siempre sometida al escrupuloso cumplimiento de su condición de SERVICIO PÚBLICO y sujeta a las directrices contra la discriminación amparadas por la Constitución.

 

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