SIN ATAJOS.
No importa cuán largo sea el camino, si el objetivo finalmente se alcanza.
USO inicio en julio una travesía que sabemos será larga, pero no por ello vamos a coger atajos que puedan justificar que un juez nos impida conocer los datos que solicitamos en cuanto al salario de toda la estructura directiva de la Corporación RTVE. Sería mucho más fácil presentar una demanda directamente ante la Audiencia, pero no queremos dejar, insistimos, flecos que hagan aún más larga la espera.
El 9 de julio presentamos escrito ante la Administradora Única, doña Rosa María Mateo, con número de registro 82/2020 en el que USO solicitaba…
El 07 de agosto la Secretaría General de la Corporación nos contesta lo que sigue, añadiendo que se dan un mes más de plazo para poder reunir los datos solicitados: 
Y llegamos al 11 de septiembre donde, en su siguiente escrito de contestación, la Secretaría General argumenta su negativa a darnos toda la información solicitada, con cuestiones jurídicas y de protección de datos y nos informa exclusivamente de los salarios de los puestos de Alta Dirección (11) y de la Administradora Única.
El 30 de septiembre desde USO se procede a efectuar reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
El 26 de octubre obtenemos la primera respuesta del Consejo de Transparencia en el que nos remiten exactamente los mismos datos que ya nos habían facilitado desde la Corporación Y nos das un plazo de diez días para realizar alegaciones. Cosa que ya hemos hecho el 10 de noviembre.
Y no es un capricho de USO. Como dice la Sentencia del Tribunal Supremo “CRTVE es una sociedad mercantil con capital íntegramente estatal, financiada a cargo de los Presupuestos Generales del Estado a la que es de plena aplicación la ley 19/2013… Concluye así sobre la primacía del interés general de los ciudadanos por conocer las retribuciones del personal directivo de CRTVE al ser elegidos por libre designación”.
La dirección de RTVE está utilizando prácticamente los mismos argumentos que ya fueron utilizados en la demanda anterior, y que no fueron tenidos en cuenta a la hora de dictar sentencia. Una práctica que sólo pretende ralentizar nuestro derecho a la información.
Sabíamos desde el principio que todo esto iba a acabar en Magistratura. Y acabará. Lo tenemos absolutamente claro y asumido. Pero como indicamos al principio de esta nota, que no sea porque dejamos cabos sueltos.